Benedicta en contravía del tricéfalo de acumulación capitalista, terror de Estado y OTAN

Colombia:

Benedicta en contravía del tricéfalo de acumulación capitalista, terror de Estado y OTAN

Por Azalea Robles

La sucesión continua de crímenes de Lesa Humanidad nos convoca al esfuerzo de analizar la realidad colombiana, tergiversada a saciedad. Esta realidad es la expresión por excelencia de la articulación entre la acumulación capitalista y las prácticas del terrorismo de Estado; prácticas del terror destinadas a todo el orbe, máxime en la actual situación del capitalismo mundial. En Colombia son cometidos semanalmente crímenes de Estado, sin que esto desencadene la repulsa internacional. Esta complicidad tiene lógica en tanto que un Estado que apuntala las estructuras capitalistas y las ganancias de empresas transnacionales es arropado de impunidad por parte de organismos internacionales que hoy están avalando nuevas guerras coloniales, precisamente para facilitarle al Gran Capital un mayor saqueo de los recursos. Colombia es una pieza de primer orden para el capital transnacional, y es piedra angular en la geopolítica regional; el genocidio es desarrollado bajo directriz estadounidense. La ofensiva mediática contra la comprensión de la realidad sirve a perpetuar la impunidad de unas estructuras estatales (y paraestatales) aplicadas en viabilizar el saqueo, mediante la tortura y el exterminio contra los opositores y las poblaciones que habitan los territorios codiciados. Sin embargo la resistencia popular colombiana constituye una barrera de contención ante el avance depredador del imperialismo. La estrategia estatal del terror pretende desbrozar el camino  a una mayor “reconquista” de la región. Analizaremos el crimen contra Benedicta Joya en el marco en el que se produce: una estrategia estatal diseñada para disuadir la reivindicación social mediante el miedo.

• Crímenes del Terrorismo de Estado al servicio de la acumulación de capitalista 

El crimen contra Benedicta Joya constituye un nuevo crimen de Estado: por su sevicia y puesta en escena no es un crimen aislado de un desquiciado, sino un crimen planificado de Lesa Humanidad, pues la tortura y atrocidad son un mensaje de terror hacia la comunidad. La COMOSOC y la Mesa Ecuménica denuncian: “En la noche del 14 de mayo, paramilitares de Los Rastrojos llegaron hasta la humilde vivienda del padre Joya,(…) asesinaron a su hermana, Benedicta Joya Aponte, mujer campesina, de 75 años. La señora Benedicta fue desnudada, ultimada con arma corto punzante, posiblemente violentada sexualmente y roseada con alcohol para luego proceder a prender fuego sobre su cuerpo. Con su sangre escribieron en la pared el letrero "fuera guerrillero"(…) Exigimos que se desmantelen totalmente los grupos paramilitares con todos sus vínculos privados y estatales” [1]. El Padre Joya, amenazado por su reivindicación contra la depredación multinacional, relató: “El incendio consumió parcialmente la habitación en madera al punto que el cadáver de mi hermana cayó al primer piso”[2]. El terror de Estado busca amordazar a la comunidad y provocar masivos desplazamientos forzados de poblaciones de los territorios codiciados por las multinacionales. Las organizaciones de la región expresan: “El territorio es de quien lo habita, rechazamos el mensaje de desalojo colectivo que se convoca a través del crimen cometido contra Benedicta Joya”[3]. Y relatan que el sacerdote ha sido: “siempre defensor del territorio y de los campesinos que han sido afectados por los  intereses explotadores de empresas mineras que han intentado una y otra vez apoderarse de la región del páramo El Almorzadero, en donde se han realizado fuertes e importantes movilizaciones en contra de las explotaciones de carbón y otros minerales(…) Se ha empeñado en la construcción de una escuela para campesinos que enfatiza en la necesidad de la producción de alimentos. (…) Este crimen atroz, por el grado de sevicia practicado(…) es un crimen que busca ser ‘ejemplarizante’ ” [Ibíd. ].

El paramilitarismo, que actúa con la coordinación del Estado, constituye la Herramienta de terror del Gran Capital transnacional y del latifundio: sirve para eliminar la oposición al saqueo. En Colombia el capitalismo avanza gracias al Terrorismo de Estado: esa es una articulación clave que hay que desenmascarar de una vez por todas, si realmente se pretende salir de una situación de despojo y genocidio devastadora.

• Terror de Estado bajo el gobierno de Santos: Continuidad de un genocidio silenciado

Este crimen no es el primero, ni el último, tristemente. En la misma semana fue asesinado en Nariño un campesino a manos del ejército colombiano, y otros 14 fueron encarcelados mediante montajes judiciales[4]. La semana anterior en el Tolima hubo otro arresto masivo de campesinos bajo los montajes judiciales de un Estado que utiliza el aparato judicial como arma de guerra contra la oposición política[5]. Hay en Colombia más de 9.500 presas y presos políticos[6]. El exterminio de reclamantes de tierras a manos de la estrategia paramilitar continúa; en menos de dos meses fueron asesinados cuatro líderes campesinos: Ever Antonio Cordero, Hermes Enrique Vidal Osorio, Darío Restrepo, y Heriberto Rivera Catalán, desaparecido y encontrado el 29 de mayo, “muerto con señales de tortura y decapitado” [7] . Van más de 70 reclamantes de tierras asesinados: “Empresarios, políticos, terratenientes, ganaderos, palmicultores y transnacionales, entre otros, despojaron por intermedio de la estrategia paramilitar más de siete millones de hectáreas de tierras a campesinos. Estos poderosos bandidos a quienes la justicia no ha tocado, siguen utilizando el terror militar-paramilitar para desplazar campesinos y apoderarse de las tierras o para asesinar a los legítimos dueños que las reclaman” [8]. El Terror de Estado se expresa a través del asesinato de los opositores, a través de la desaparición forzada, la tortura, la violación sexual, el encarcelamiento. Los asesinatos de sindicalistas a manos de la herramienta paramilitar de las multinacionales, siguen haciendo de Colombia el país en el que son asesinados el 60% de todos los sindicalistas asesinados en el mundo [9].

El informe del CINEP arroja que:“Sobre violaciones a los derechos humanos persiste una línea fija (…) El año que pasó se cometieron 2198 violaciones a los derechos humanos, seis casos por día. En 2012 fueron asesinados por la violencia política diez colombianos por semana. Tal vez no hay parangón en el mundo (...) De estas violaciones 565 atañen a paramilitares, 268 a la policía y 187 al ejército. (…) El Padre Giraldo llamó la atención sobre el caso de los “falsos positivos” denunciando que al contrario de lo que dice el gobierno de Santos, estos no han desaparecido (…)118 “falsos positivos” cada año, una víctima cada tercer día. La presentación de este cuadro apunta inevitablemente a Juan Manuel Santos” [10].

• Crímenes de Estado “ejemplarizantes”: la lógica de "disuadir la reivindicación mediante el terror"

Los niveles de sevicia que presenta el crimen contra Benedicta Joya, se inscriben en la lógica de que a mayor tortura y degradación de las víctimas, mayor alcance del “mensaje disuasivo” en las comunidades. La estrategia de la disuasión mediante el terror está teorizada en los manuales del ejército: se concibe a la población como “el enemigo interno”, y se preconiza claramente el empleo de una herramienta paramilitar para realizar las masacres y torturas. El paramilitarismo fue preconizado para Colombia desde la misión estadounidense Yarborough [11], y reiteradamente apuntalado hasta nuestros días. La herramienta paramilitar es adiestrada para torturar, y entrenada por (de)formadores de EEUU e Israel, como el mercenario Yair Klein [12]. El crimen de Lesa Humanidad contra Benedicta no es un crimen aislado, ni fortuito. Es un crimen planificado, cuyos efectos han sido fríamente evaluados. Un crimen de Estado como el crimen contra la niña Alida Teresa Arzuaga, de 9 años, violada y asesinada para torturar a su padre, preso político, a la par que inyectar miedo en la oposición política[13]. Es un crimen de Estado como la masacre de la familia del militante comunista y de la UP Julián Vélez, cuyo hijo fue torturado y castrado [14].

La masacre de Mapiripán, cometida por militares y paramilitares, evidencia la planificación del terror. Los paramilitares fueron trasladados en aviones y camiones del ejército al sitio de la masacre [15]. Estuvieron amputando y violando durante 10 días, mientras el ejército impedía que entrara o saliera nadie: debido al cerco del ejército nadie pudo darle auxilio a la población. Unas 60 personas fueron asesinadas: sometidas a toda clase de torturas. Hasta hoy hay dificultad para identificar a las víctimas dada la barbarie con que la herramienta paramilitar procedió a descuartizarlas y lanzarlas al río. Según lo confesó el General Uzcátegui en una grabación: “¿sabe qué hizo la Brigada militar Móvil 2? Colocó un colchón de seguridad para que salieran los paramilitares. Esto es gravísimo y es un secreto. El ejército no sólo tiene vínculos con los paramilitares, no sólo no los combatió, sino que combatió a las FARC para que las FARC no golpearan a los paramilitares” [Ibíd.]. Mientras los paramilitares torturaban, el ejército les garantizaba la labor combatiendo a las FARC que intentaron romper el cerco militar para auxiliar a la población; pero el cerco era una operación con planchones sobre el río, retenes, y aviación. El ejército garantizó que la masacre durara y comprendiera las torturas más aberrantes: no era “una bala perdida”, era una operación de Terrorismo de Estado dentro de la estrategia de tierra arrasada en los Llanos Orientales, en la que estuvo envuelta la asesoría estadounidense. El Obispo del Guaviare testimonió: “Pasaron varios camiones con alrededor de 120 hombres de civil sin armas, después de pasar por el batallón salieron con uniformes y armados, continuaron su rumbo por tierra(…) otro grupo de paramilitares también se desplazó hasta “Charras” pero lo hizo por el río Guaviare, pasando por el punto de control militar sobre el río” [Ibíd.] .

El testimonio de Marinelly Hernández, presa política, es ilustrativo de las aberrantes torturas que el Estado colombiano comete contra los familiares de los opositores políticos, máxime si estos son insurgentes, una realidad silenciada: “A nuestro padre el Ejército colombiano, en unión con los paramilitares lo colgó vivo de sus manos introduciendo ganchos en sus extremidades como si fuera carne de carnicería, luego le chuzaron el estómago y todo su cuerpo con una navaja, después arrollaron sus labios como se les taja a los pescados, por último, le dieron un tiro de gracia; según medicina legal a nuestro padre lo torturaron vivo. Tenía 70 años, ¿Cómo es posible que hagan eso con un anciano, tildándolo de guerrillero? Acaso por yo ser revolucionaria ¿Tenían que cobrarlo con la vida de mi padre?” [16]. Aquí la tortura aberrante claramente tiene por objetivo enviar un mensaje de terror a los que piensen ingresar en la insurgencia. Estas prácticas genocidas son recurrentes en Colombia, bajo la complicidad absoluta de quiénes las silencian. 

Marinelly expresa la correlación entre el saqueo de los recursos y las masacres perpetradas por el ejército y la herramienta paramilitar contra la población de las zonas codiciadas por el gran capital. Aquí se refiere a la masacre del Río Nare: “El Capitán Martínez con sus tropas ingresaron a unas minas de oro donde se encontraban los campesinos sacando el mineral: un día antes, lanzaron panfletos diciéndoles que desalojaran, y al otro día entraron con motosierras y hachas: amarraron a los trabajadores en cadena… los iban soltando de uno en uno, sin asesinarlos, les quitaban los brazos, las piernas y luego de cada persona recogían un solo brazo, una sola pierna, hacían un montón y lo tiraban al río y otros a los huecos de las minas y otros los dejaban para que las aves se los comieran” [ Ibíd. ]. Marinelly, de una familia campesina, vivió en carne propia las agresiones del ejército colombiano contra el campesinado; fue testigo de múltiples asesinatos de amigos y familiares, cuyos cuerpos fueron abandonados torturados y desmembrados: “parte de la guerra sucia y psicológica que implementan para asustar a los luchadores populares”. La prisionera explica que las violaciones del Estado colombiano la empujaron a la insurgencia, como su: “única forma de preservar la vida, luchar por ella y reclamar nuestros derechos”, y evitar “terminar masacrada, torturada o discapacitada por ser ejemplarizada como quedan muchos campesinos, o terminar siendo desplazada y viviendo de las limosnas en las ciudades”[Ibíd. ].

Sin duda la dupla del saqueo de los recursos y el Terror de Estado ejercido contra quiénes se oponen al despojo y al saqueo, explica la existencia de las insurgencias colombianas. Esta es una comprensión indispensable para quiénes deseamos la paz en Colombia. La paz significa justicia social, cese de la entrega del país en concesiones a multinacionales, reforma agraria, soberanía alimentaria, y cese del Terror de Estado que hoy facilita la aberrante acumulación capitalista en desmedro de las mayorías empobrecidas. Los problemas deben ser resueltos desde sus causas, no desde sus consecuencias.

Otro crimen de Estado “ejemplarizante” es aquel cometido por militares y paramilitares contra  la comunidad del Cacarica, cuando "jugaron fútbol con la cabeza" del líder campesino afrodescendiente Marino López. Esa Operación militar se llamó ‘Génesis’ y consistió en aterrorizar a la población para forzarla a un masivo desplazamiento poblacional: “Nuevamente los bombardeos(…) Los paramiltares y también militares rodearon todo el caserío. Nos juntaron a todos, nos amenazaron. (…) Y nosotros diciéndoles, ‘ya nos vamos’. Marino López les decía: ‘si fueron tres días los que nos dieron’, y dijo uno ‘ustedes se van hoy’. Dos de los doce militares tomaron a Marino(…) él les pidió sus documentos. Uno de ellos dice: ‘ahora sí quiere el documento de identidad, guerrillero’. Y él les dice: ‘ustedes saben que yo no soy’. Lo insultan, lo golpean. Uno de los criminales coge un machete y lo corta en el cuerpo, Marino intenta huir, se arroja al río, pero los paramilitares lo amenazan, ‘si huye, le va peor’. Marino regresa, extiende su brazo izquierdo para salir del agua. Uno de los paramilitares le mocha la cabeza con la macheta. Luego le cortan los brazos en dos, las dos piernas... Y empiezan a jugar fútbol con su cabeza. Todas y todos lo vimos(…) Todo fue terror. El bombardeo del cuerpo, el bombardeo del alma”[17]. Los habitantes denunciaron el accionar de la Brigada XVII. Varios paramilitares del bloque Élmer Cárdenas, al mando de Freddy Rendón, alias "El Alemán", señalan al General Rito Alejo del Río como uno de los máximos responsables: "Se trató de una operación conjunta" relataron ante el Fiscal de Justicia y Paz [18].

La lista de crímenes de Lesa Humanidad perpetrados de manera sistemática por el Estado colombiano contra la población, en el marco de una planificada estrategia del terror y desposesión, sería interminable. El Estado colombiano y su mentor estadounidense pretenden continuar viabilizando el saqueo de los recursos y acabar con un conflicto político aterrorizando a la población cuya reivindicación entra en conflicto con la depredación capitalista. Se pretende eliminar toda oposición, sea esta armada o no, dejando absolutamente intocadas las causas del descontento social.

• ¿Crímenes resultado de una planificación Estatal,  o meras “venganzas”?

El crimen contra Benedicta Joya envía un mensaje del terror contra la comunidad, que parece decir: ‘Esto les puede pasar, a ustedes o a sus familiares, si persisten en su reivindicación’. Aquí hay un claro intento de paralizar la acción reivindicativa de una comunidad: es inaceptable por lo tanto que se intente endilgar este crimen a una supuesta “venganza” o “crimen pasional”, como reiteradamente lo hacen los mass-media, el aparato militar, e incluso el aparato judicial con los crímenes del Terrorismo de Estado. El mensaje ya fue enviado por los verdugos a través de sus ejecutantes paramilitares, ahora no puede ser aceptable que los maquilladores mediáticos vengan a garantizar la impunidad total a quienes son los verdaderos comanditarios de estos crímenes: los que se sirven del terror para sojuzgar a un pueblo y para garantizar la acumulación de capital en pocas manos, en desmedro del medio ambiente y de las mayorías. El intentar, mediante el aparato mediático, transformar los reiterados asesinatos políticos en “crímenes pasionales” busca diluir responsabilidades, busca ocultar la planificación terrorífica que de manera sistemática es ejercida desde el propio Estado contra la oposición política. En el caso del planificado exterminio sindical, la mentira mediática con frecuencia intentar atribuir las muertes a “líos de faldas”, y pareciera ser que estos “líos” diezman a la oposición política. Esa impostura no cala en los sectores más conscientes del campo popular, sin embargo en parte de la opinión pública sí hace mella.

• Ofensiva mediática contra la comprensión de la realidad: Estrategia de la Confusión

Otra de las imposturas mediáticas, repetida hasta la saciedad, es la Estrategia de la Confusión: por ejemplo el redactar notas sobre crímenes en los que se conoce perfectamente que la autoría es paramilitar, pero poner “asesinado por grupos armados”: esto con la clara intención de exculpar a la herramienta paramilitar que le sirve al poder económico, y de buscar endilgarle a la resistencia popular parte de los crímenes perpetrados por la estrategia paramilitar. El léxico “grupos armados” es un léxico de la confusión, dado que grupos armados son tanto los paramilitares, como el ejército, como las insurgencias; por lo tanto no hay nada más aberrante que conocer que los victimarios son parte de una Estrategia represiva Estatal y paraestatal, articulada al poder multinacional, y optar por tejer el discurso de la confusión. Esta mediatización es indignante, y constituye una doble victimización de las comunidades que denuncian a los responsables, y que sin embargo ven ignoradas sus voces en las notas mediáticas, de manera a que la herramienta paramilitar-militar del terror no solamente haya cometido las atrocidades, sino que los medios no señalen su responsabilidad, amparándola así de la impunidad que la perpetúa.

Parte de la Estrategia de la Confusión es el empleo de la falsa dicotomía “grupos armados legales” versus “grupos armados ilegales”: siendo legales las fuerzas represivas del Estado, mientras que en la ilegalidad se hallan tanto las fuerzas represivas paramilitares –que sin embargo se articulan al mismo Estado, recibiendo logística, armamento e impunidad–, y las guerrillas –éstas últimas de naturaleza opuesta al paramilitarismo–. Esta perfidia mediática busca instaurar un campo conceptual que ignora la realidad del paramilitarismo como estrategia preconizada en manuales militares. También busca instalar un campo conceptual que excluye el carácter político y social del conflicto colombiano, al intentar presentar a las insurgencias en un mismo paquete con el paramilitarismo; intentando quitarle a la guerrilla su carácter político, inherente a su misma génesis y composición actual, de ser una expresión del campo popular colombiano que se alza en protesta política contra el saqueo, protesta política que deviene armada debido a la imposibilidad democrática instaurada desde el Estado mediante la sistemática represión al opositor político.

Hay una planificada manipulación semántica, una estrategia diseñada por los tanques de pensamiento. Esta manipulación de la realidad es inoculada por los mass-media; y también es inyectada en el discurso de las ONG a través del condicionamiento que imponen los financistas, logrando paulatinamente que en el campo popular se introduzca esta manipulación semántica que obstaculiza la capacidad de comprensión de la realidad.

• Operación mediática: Legitimar al paramilitarismo, presentarlo desvinculado de sus beneficiarios- comanditarios

Aunado al trabajo cultural de los mass-media que apuntala valores clasistas, racistas y sexistas, hay una legitimación del terror de Estado: los crímenes cometidos por el ejército y el paramilitarismo serían el “mal necesario”.  El trabajo de los medios en torno al paramilitarismo consiste en bombardear la falsedad de que éste sería autónomo del ejército. Intentan legitimar al paramilitarismo presentándolo de manera casi romántica, como unos grupos que, según la falsimedia, surgirían por motivaciones de ‘venganza’ contra los ‘malvados comunistas y guerrilleros que habrían hecho daño a sus familiares’. El elaborado terror paramilitar deviene, en la fábula mediática, un ‘exceso comprensible’ motivado por el ‘desgarramiento del alma de tal o cual Jefe paramilitar’, y nunca se menciona que hace parte de una planificación de gobernar mediante el miedo. No se menciona que el paramilitarismo es diseñado para provocar desplazamiento poblacional y desarticular procesos reivindicativos. Así la telenovela “Los 3 Caínes” busca presentar a los Jefes paramilitares como unos ‘muchachos de buenos sentimientos que por loable fidelidad familiar y venganza cometen acciones algo reprobables’. Los hornos crematorios para desaparecer seres humanos, la violación sexual, la tortura y las masacres, serían meros “detalles”.

El paramilitarismo es una herramienta al servicio del Gran capital que actúa con la plena coordinación del ejército colombiano; pero los medios trabajan en su aceptación cultural y en la desvinculación de esta herramienta con los que la crean y emplean. Lamentablemente este trabajo sistemático de los medios logra colonizar a parte importante de la población, dejando incluso huellas residuales que sorprende encontrar en las mentes de las mismas víctimas. El bombardeo mediático es una ofensiva sin tregua contra la capacidad de comprensión de la realidad, y por lo tanto, contra la posibilidad de acción efectiva sobre la misma.

• Guerra sicológica: Degradación mediática del opositor

Hay una mediatización constante de cadáveres de jóvenes campesinos insurgentes que se hace de manera a que los cuerpos sean degradados, filmados en el suelo, a los pies de la tropa militar, en bolsas negras, y en reiteradas ocasiones con la exhibición descarnada de mutilaciones, para intentar deshumanizar al opositor político en el subconsciente colectivo: la degradación ética de los medios en su guerra sicológica llega al punto de que el presidente Santos exhibiera la mano cortada de un líder estudiantil devenido insurgente (Iván Ríos) [19]; como si el exhibir pedazos amputados de los opositores constituyera motivo de júbilo.  El pago de recompensas por cadáveres busca involucrar a la población en la estrategia contrainsurgente del Estado, ampliando las prácticas del terror y la degradación ética. Los cadáveres son exhibidos con la intencionalidad macabra de generar la disuación por el terror preconizada en los manuales militares. En el marco de esta perversidad, el ejército colombiano ha llegado hasta el punto de secuestrar a niños y jóvenes de las zonas pauperizadas para luego asesinarlos en indefensión y aducir que son “guerrilleros abatidos en combate”: estas son practicas masivas, y se conocen con el macabro nombre de “falsos positivos”, derivado la jerga militar [20]. Hay al menos 4.716 casos documentados de estos asesinatos [21], y el reciente informe de DDHH del CINEP revela que estos crímenes siguen aumentando bajo el mandato de Santos, contrariamente a lo que la propaganda intenta hacer creer. El ejército tiene la estrategia de elegir a sus víctimas entre las familias que carecen de recursos económicos para investigar la desaparición de sus hijos; no obstante, varios familiares luchan por la justicia en medio del terror estatal que intenta forzarlos a abandonar las denuncias: hay familiares desplazados, algunos asesinados. La ampliación del Fuero Militar del gobierno Santos blinda la impunidad para los crímenes de Estado, haciendo aun más cruenta la indefensión de la población.

• Guerra Sucia contra la participación política, Drones, OTAN y Modelo Económico

El Estado colombiano favorece la depredación multinacional: ejerce una Guerra Sucia prolongada que utiliza el terror militar-paramilitar, los bombardeos, las fumigaciones, para callar las reivindicaciones políticas, sociales y ecológicas. La injusticia social, doblada de la represión sistemática contra la participación política es la médula del conflicto. Colombia es el tercer país más desigual del mundo[22]. Pese a los malabarismos del gobierno Santos con las metodologías de medición de la pobreza, truco para reducirla en el papel [23], la miseria es aberrante: anualmente mueren más de 20 mil niños menores de 5 años por desnutrición[24]. “Más de 30 millones de colombianos viven en la pobreza, 12 millones en la indigencia, el 50% de la población económicamente activa agoniza entre el desempleo y el subempleo; casi 6 millones de campesinos deambulan por las calles víctimas del desplazamiento forzado. De 114 millones de hectáreas que tiene Colombia 38 están asignadas a la exploración petrolera, 11 millones a la minería; de las 750.000 hectáreas de la explotación forestal, se proyecta pasar a 12 millones; la ganadería extensiva ocupa 39,2 millones; el área cultivable es de 21,5 millones de hectáreas pero solamente 4,7 millones están dedicadas a la agricultura, en decadencia, porque ya el país importa 10 millones de toneladas de alimentos al año. Más de la mitad del territorio está en función de los intereses de una economía de enclave”[25], expresó Iván Márquez, parlamentario de la Unión Patriótica empujado por la persecución política a ingresar a la insurgencia, hoy miembro de la Delegación de Paz de las FARC. De la lucha popular para cambiar las condiciones de miseria a las que se ve sometido el pueblo colombiano, nacen las insurgencias tras la imposibilidad de adelantar la reivindicación política de manera civil sin padecer exterminio por los aparatos estatales.

En los diálogos entre las FARC y el gobierno colombiano, se ha estado debatiendo la cuestión de la Tierra: “La geofagia de los latifundistas acentuó la injusta estructura de la tenencia de la tierra. El coeficiente Gini en el campo alcanza el 0,89: espantosa desigualdad. Los mismos datos oficiales dan cuenta de que las fincas de más de 500 hectáreas corresponden al 0,4% de los propietarios que controlan el 61,2 % de la superficie agrícola: se trata de una acumulación por desposesión, cuya más reciente referencia habla de 8 millones de hectáreas arrebatadas a sangre y fuego a través de masacres paramilitares, fosas comunes, desapariciones y desplazamiento forzado, crímenes de lesa humanidad, todos ellos componentes del  terrorismo de estado en Colombia”[Ibíd. ]. La acumulación capitalista se desarrolla en base al despojo: Colombia es el país del mundo con más desplazados internos[26].  En el centro del debate sobre la cuestión de la Tierra se halla el Modelo Económico; se oponen dos visiones antagónicas: por un lado está la visión capitalista que agencia la monopolización y extranjerización de la tierra para su uso en agro-industria, agro-combustibles y saqueo minero energético; y por otro lado está la visión de las comunidades campesinas que busca una reforma agraria integral, el desarrollo de la soberanía alimentaria, y el respeto por los ecosistemas.

El tema de la Participación Política es el siguiente en los Diálogos. Es toda la población colombiana la que requiere un espacio para la Participación Política, no se trata solamente de debatir la “inserción de la insurgencia” como lo viene anunciando la propaganda mediática: se trata de un debate de fondo sobre la posibilidad de ejercer la reivindicación política y el pensamiento crítico sin ser asesinado, desaparecido o encarcelado. Las garantías de no exterminio ofertadas por el Estado colombiano a sus opositores, han sido burladas en más de una ocasión: basta recordar el exterminio de la Unión Patriótica (5000 asesinados)[27], entre tantos otros. El genocidio practicado de manera sistemática desde el Estado contra la oposición política tiene una articulación a las directrices de EEUU, y a los intereses del Gran Capital transnacional: la paz con justicia social tiene grandes impedimentos.

La guerra mediática arrecia cada día con más ‘falsos positivos mediáticos’ contra la insurgencia, montajes que no tienen otra finalidad que preparar la posible ruptura de los Diálogos de Paz que podría en cualquier momento provocar el Estado colombiano, siguiendo el mismo guión que el aplicado contra los diálogos del Caguán. Mientras en la Habana se dialoga, el gobierno Santos adquiere 50 Drones, anuncia cooperación con la OTAN, recibe al golpista Capriles, y EEUU continúa aposentándose cada día más en las bases militares cedidas [28], a pesar del fallo de la Corte Constitucional[29]. La opción de las potencias imperialistas es un mayor saqueo de los recursos planetarios, y a ese fin articulan el accionar militar. La región andino amazónica no escapa a esas intenciones coloniales, que además revitalizan al complejo militar industrial. El colosal ejército colombiano y los estadounidenses que operan desde Colombia, son también un peligro para Venezuela y la región, además de continuar profundizando el genocidio contra el pueblo colombiano. Un tricéfalo de acumulación capitalista, Terrorismo de Estado y OTAN avanza en desmedro de poblaciones y medio-ambiente. Pero en cada rincón del planeta también parece florecer la resistencia: en Colombia el recuerdo de Benedicta, y de las miles de víctimas de crímenes de Estado, forja fortaleza para luchar por la justicia social. Ante la codicia de las multinacionales y su dupla de violencia Estatal, se alza en digna contradicción la voz de las comunidades: “El territorio es de quien lo habita, rechazamos el mensaje de desalojo colectivo.”

NOTAS: En caso de no figurar las notas completas en la presente publicación, consultarlas en www.azalearobles.blogspot.com

Colombia: Tortura contra familiares de presos políticos es mensaje del terrorismo de Estado

Colombia: Tortura contra familiares de presos políticos es mensaje del terrorismo de Estado

Parte VI del Dossier: Colombia y sus miles de presos políticos silenciados *

Por Azalea Robles

“Alida Arzuaga, de 9 años, fue víctima de desaparición forzada, tortura y homicidio. Según testimonios el atroz crimen fue cometido por parte de paramilitares y posiblemente de integrantes de la Fuerza Pública contra el padre de la menor, quien se encontraba preso(…) Estos hechos permiten evidenciar el tratamiento que reciben los presos políticos en Colombia, quienes además de soportar el encarcelamiento, sufren también el injusto ensañamiento de las estructuras paramilitares y oficiales contra sus familiares.” Equipo Jurídico Pueblos

“A nuestro padre el Ejército colombiano, en unión con los paramilitares lo colgó vivo, introduciendo ganchos en sus extremidades como si fuera carne de carnicería, luego le chuzaron el estómago y su cuerpo con una navaja, después arrollaron sus labios como se les taja a los pescados… según medicina legal lo torturaron vivo. ¿Cómo es posible que hagan eso con un anciano, tildándolo de guerrillero? Acaso por yo ser revolucionaria, ¿tenían que cobrarlo con su vida?”

Marinelly Hernández, presa política y de guerra

   

1. Introducción

La existencia de  9.500 presos políticos[1] pone de manifiesto la falta de libertades políticas en Colombia. La extrema intolerancia estatal contra toda reivindicación social garantiza una situación de despojo contra las mayorías en beneficio del gran capital, y es causal del actual conflicto social y armado. Es debido a la miseria de las mayorías, aunada al exterminio contra la oposición política civil, que parte importante de ésta elije la oposición política insurgente. Uno de los puntos a debatir en la Agenda de diálogo entre la insurgencia de las FARC y el gobierno colombiano se refiere precisamente a esa falta de libertades políticas en Colombia. La liberación de los presos políticos sería un gesto concreto hacia la paz por parte del gobierno colombiano; lamentablemente el gobierno no se lo plantea, y por el contrario incrementa las detenciones políticas a la par que incrementa la entrega del territorio a las multinacionales. Las organizaciones sociales denuncian: “Las regiones del país donde existe mayor concentración de recursos naturales, procesos organizativos e intereses económicos trasnacionales; coinciden con aquellas en las que se usa con más frecuencia la detención arbitraria (…)Existe una directriz de Estado que criminaliza y militariza la protesta social, que se manifiesta en el sustancial aumento de detenciones arbitrarias y en su política criminal que abiertamente da una repuesta represiva o punitiva al ejercicio del derecho a la protesta(…) una estrategia criminal del Estado que pretende debilitar el movimiento popular y amilanar la protesta social” [2]. 

La violación de los derechos de participación política afecta no solamente al opositor político que es asesinado, desaparecido o encarcelado, sino que vulnera a la sociedad entera, al impedir el pensamiento crítico y desarticular la organización social, motores históricos de la emancipación. Se trata de inyectar miedo a elevar una reivindicación: a quienes reivindiquen se los ‘castiga’. En esa lógica estatal de dominación mediante el miedo se inscribe la tortura: la impunidad que la encubre la perpetúa a la par que evidencia su carácter de herramienta del terror. Hay una utilización sistemática de la tortura, que conlleva incluso la muerte de los presos, y llega hasta la desaparición forzada y homicidio contra los familiares de los presos políticos. La importancia de visibilizar estos crímenes de Estado radica en tratar de impedir que se sigan instaurando como un mecanismo de terror contra la reivindicación social.

La situación en las cárceles colombianas es dantesca: los presos sufren tortura, padecen niveles de hacinamiento del 47% [3], viven en condiciones de insalubridad extremas, sufren la violación a los subrogados penales, no son clasificados en clara violación al DIH por parte del estado -siendo incluso situados los presos políticos en patios paramilitares como método de tortura que pone en peligro sus vidas-. Los presos sufren el alejamiento familiar como forma de castigo; sufren extradición; e incluso los presos políticos sufren el chantaje con las vidas de sus familiares si se niegan a fungir de falsos testigos contra otros luchadores sociales en los juicios políticos que implementa el estado colombiano contra periodistas, sindicalistas, líderes campesinos, estudiantiles, etc. Miles de personas están sindicadas y presas sin juicio, en lo que es calificado como ‘secuestro estatal’[4]. El uso del aparato judicial como arma de guerra sucia convierte las detenciones en terror omnipresente: “El Estado colombiano enfrenta más de 12 mil demandas por detenciones injustas”[5]. Además, son numerosos los presos políticos muriendo por tortura de negación de asistencia médica, algunos padecen enfermedades que devienen terminales ante la falta de tratamiento, y otros son heridos de guerra que son abandonados a la gangrena[6]. Las organizaciones de DDHH llaman: “Al estado colombiano que cesen las condenas a pena de muerte contra los prisioneros políticos mediante la omisión de diagnósticos y atención médica oportuna. Solicitamos que la Liberación de las y los Prisioneros Políticos Enfermos sea incluida dentro de la agenda de diálogos entre el gobierno Colombiano y las FARC-EP”[7]. En diciembre 2012, ante la continuidad de la hecatombe, los presos se preguntan:

“¿Cuántos muertos más tenemos que poner los presos para lograr ser escuchados y recibir solución a tan dramática situación? ¿Quién investiga y hace justicia con la familia de más de 118 muertos en lo que va transcurrido en el presente año en las cárceles del país? (…) Exigimos investigación sobre la muerte de nuestro compañero Mauricio Fernández García miembro del Movimiento Nacional Carcelario (MNC) el 7 de diciembre por la absoluta inasistencia medica (…) una de las prácticas aplicadas sistemáticamente(…) Hemos solicitado al gobierno que decrete la emergencia carcelaria y que se conforme una comisión de concertación Gobierno-MNC, para buscar soluciones concretas a la crisis humanitaria por la cual estamos pasando los mas de 140.000 presos que hay en Colombia” [8].

2.    Torturas, desaparición y asesinato de familiares de presos políticos

Los familiares de los opositores políticos son también víctimas de la tortura. Los casos son recurrentes y quedan en la impunidad. El terror de estado contra familiares y comunidades se expresa en las masacres perpetradas por toda la geografía colombiana por la herramienta paramilitar en coordinación con la fuerza pública; masacres en las que los desmembramientos, las violaciones sexuales y otras barbaries buscan dejar impreso el miedo en lo más hondo de los sobrevivientes, para así generar parálisis de la reivindicación social y masivos desplazamientos poblacionales. De esta forma son despojados los campesinos de las tierras codiciadas por el capital multinacional: el desplazamiento forzado en Colombia alcanza ya los 5,5 millones de personas, haciendo de Colombia el país del mundo con más desplazados internos [9].

Las víctimas preferenciales en las masacres son los opositores políticos y sus familiares. Innumerables torturas forman parte de las vivencias colectivas, testimonios de una dominación mediante la barbarie, como la castración y asesinato del niño Luis Carlos Julián Vélez, de 8 años, hijo del entonces diputado del partido opositor Unión Patriótica, partido que sufrió exterminio por parte del estado colombiano, siendo asesinados 5000 de sus militantes[10].

Los hijos y padres de los opositores políticos son una población duramente golpeada; y cuando éstos son familiares de insurgentes sufren, aunado al terror estatal, el ostracismo mediático: “A nuestro padre el Ejército colombiano, en unión con los paramilitares, lo colgó vivo de sus manos introduciendo ganchos en sus extremidades como si fuera carne de carnicería, luego le chuzaron el estómago y todo su cuerpo con una navaja, después arrollaron sus labios como se les taja a los pescados, por último, le dieron un tiro… según medicina legal lo torturaron vivo. ¿Cómo es posible que hagan eso con un anciano, tildándolo de guerrillero? Acaso por yo ser revolucionaria, ¿tenían que cobrarlo con su vida?”, testimonia Marinelly Hernández, presa política y de guerra [11].

La tortura contra los familiares de presos políticos se expresa en el alejamiento geográfico, en impedimentos de las visitas, en humillaciones: “Nuestros familiares tienen que sufrir un calvario para visitarnos, son humillados, maltratados(…) las mujeres tienen que soportar el infamante manoseo en sus partes intimas por parte de las guardianas de forma abusiva”[12]. Aunado a lo anterior hay varios casos de agresiones, desaparición forzada y asesinatos de familiares de presos políticos a manos de la herramienta paramilitar y la fuerza pública: las agresiones y crímenes de estado contra los familiares son utilizados como medida de tortura y chantaje contra los presos políticos, si éstos no acceden a  convertirse en informantes, o para callar las denuncias. El preso político Carlos Iván Peña Orjuela fue sometido a presión por parte la policía (SIJIN) para que diera falso testimonio contra campesinos del Magdalena Medio. Ante su negativa de colaborar en montajes judiciales, la policía desapareció y asesinó a su hermano menor, luego procedió a encarcelar, bajo montaje judicial, a la familiar que se ocupaba de su hijo y amenazó de asesinar también al niño[13]. “Fue presionado para que ‘colaborara’ pues de lo contrario ‘le iba a costar muy caro’ (…)el agente de la SIJIN Celis Torres profirió amenazas de montajes judiciales en contra de su familia, y amenazó directamente a su hijo diciendo que ‘de pronto anochecía pero no amanecía’ el niño. Le dio un plazo para convertirse en otro de los tantos testigos a sueldo que proliferan en el sistema judicial colombiano”, denuncia el CSPP [Ibíd.]. Tras las amenazas, la policía pasó a mayores crímenes:

“la desaparición forzada y homicidio del hermano menor del detenido político(…) la captura de María Yolanda Cañón, familiar que tenía a cargo la custodia del hijo del detenido político, de seis años. (…) el detenido político procedió a llamar al celular de María Yolanda, quien contestó fue el agente de la SIJIN Celis Torres, quien se mofó de él advirtiéndole que si insistía en su negativa a ‘colaborar’ seguirían(…) En palabras textuales: ‘Yo le dije a usted que colaborara y usted no quiso colaborar y la fiscalía tenía un paquetico y me tocó ir a capturarla, y por ahí le tengo otros paqueticos’. El detenido político manifiesta que su hermano asesinado y la señora María Yolanda eran las únicas personas que lo visitaban y ahora teme por la vida de su hijo”[Ibíd.]. El CSPP denuncia las “actuaciones ilegales y vengativas de miembros de la policía judicial para generar ‘resultados’ que desconocen los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Prácticas compatibles con las políticas que han traído como resultado las ejecuciones extrajudiciales conocidas como ‘falsos positivos’ y la judicialización masiva de población civil inocente, detenida en las famosas ‘capturas masivas’” [Ibíd.].

Otro caso que evidencia los niveles de tortura aberrantes que sufren los presos políticos y sus familiares es el caso de la niña Alida Teresa Arzuaga, que por ser hija de un preso político, fue violada y asesinada. En febrero 2012 la familia recibió otro golpe, al ser dejado en libertad uno de los presuntos perpetradores, sin siquiera ser juzgado. La impunidad cubre los crímenes de Estado. Denuncia el Equipo Jurídico Pueblos:

“El 9 de junio 2005, Alida Teresa Arzuaga Villar, de tan solo nueve años, fue víctima de los delitos de desaparición forzada, tortura y homicidio, perpetrados por parte de reconocidos paramilitares en Santander. Fue encontrada sin vida en una cañada, su cuerpo registraba signos de tortura, siendo accedida sexualmente antes de su muerte. Según testimonios rendidos por paramilitares dentro del proceso penal, el atroz crimen fue cometido en 'retaliación' por parte de los paramilitares y posiblemente de integrantes de la Fuerza Pública contra el padre de la menor, quien en ese momento se encontraba preso en la cárcel Modelo, señalado de pertenecer al ELN.

El 17 de septiembre 2010, el Juzgado(…) profirió sentencia condenatoria contra Hernando Rodríguez Zarate, alias ‘Volunto’, jefe paramilitar. Además ordenó que se investigue la posible participación en los hechos de John Fredy Quitian González, alias ‘Jorge’, jefe paramilitar, que si bien es cierto formalmente se había desmovilizado en el año 2004, continuaba siendo protegido por la policía y el ejército en Santander. El 24 de febrero 2012, en Bogotá, fue capturado Quitian González, procediendo a definirse situación jurídica por parte de la fiscalía(…) absteniéndose de imponer medida de aseguramiento y ordenando su libertad inmediata. La decisión de la Fiscalía contrasta con su actuación morosa al momento de pronunciarse sobre la demanda de constitución en parte civil, que busca garantizar el acceso a la justicia de las víctimas. La posición del ente acusador genera profundo desconcierto y dolor en los familiares de Alida, quienes desde el mismo momento en que ocurrió el crimen han exigido Verdad y Justicia al Estado colombiano. Estos hechos que conmueven los cimientos del Estado social de derecho que se predica en Colombia, permiten evidenciar el tratamiento que reciben los presos políticos en nuestro país, quienes además de soportar el encarcelamiento, sufren también el injusto ensañamiento de las estructuras paramilitares y oficiales contra sus familiares” [14].

      3. Conclusión: La tortura como mecanismo de control social

Hay una utilización sistemática de la tortura con una finalidad clara: la perpetuación de un Status Quo de injusticia social mediante el miedo. La tortura es inherente a un Estado que ha instaurado el terror como mecanismo de control social. Un mecanismo amparado por la impunidad tejida nacional e internacionalmente: perfeccionado y articulado en pro de garantizar el libre saqueo de los recursos. La ferocidad que busca destrozar al opositor político se inscribe en una lógica de estado, las crueldades no son obra de ‘guardianes desquiciados’, ‘negligencias médicas’, o ‘manzanas podridas’ en el ejército: hay una planificación del terror, una negación de facto de la asistencia médica en el ámbito carcelario, una doctrina militar del “enemigo interno”, hay formadores en torturas [15] y hay una política de “tierra arrasada” preconizada desde EEUU, que incluye el empleo de la herramienta paramilitar[16].

El sistematismo, la impunidad y la perpetuación del drama humanitario pone de relieve un ensañamiento preconcebido. No es casualidad que ante la intensificación de la entrega del país a las multinacionales, que trae su consiguiente desacuerdo popular, se implementen mecanismos que legalizan los crímenes de Estado: se busca que la respuesta represiva del Estado ante la reivindicación social no tenga límites. La tortura estatal goza de un marco ad-hoc. En diciembre 2012 el congreso colombiano aprobó la Reforma Constitucional de ampliación del Fuero Militar, impulsada por Santos: el Fuero Penal Militar consagra la impunidad para los crímenes de Estado; es una herramienta indispensable a esa lógica estatal de emplear la tortura y el exterminio como mecanismos de control social. El congresista Cepeda expresa: “Es un golpe como pocos en nuestra historia a los Derechos Humanos. (…)Es altamente probable que todos esos casos de asesinatos de civiles a manos de militares, mal llamados ‘falsos positivos’, que las más de 3000 víctimas, más de 1.700 investigaciones, terminen en manos de la justicia militar. Las víctimas quedan expuestas a que su derecho a la justicia sea abiertamente violado” [17].

“Es el otorgamiento a militares y policías de un cheque en blanco, para matar, torturar, desaparecer, desplazar y agredir sexualmente, entre otras atrocidades, a cualquier colombiana o colombiano, con la garantía de que no van a ser castigados por sus crímenes”[18], apunta el periodista Camilo Raigozo. Es la garantía de impunidad para intensificar la guerra del terror contra la población. En cuanto a las aducidas 7 excepciones a la Justicia Militar, se denuncia que no son sino una coartada, ya que en la práctica será imposible hacerlas valer porque su exclusión viene validada solo sí se le reconoce al crimen el carácter de Crimen de Lesa Humanidad. El carácter de Lesa Humanidad, de Crimen de Estado, deberá ser demostrado en instancias estatales; el cinismo consolida la total impunidad para los militares.

“En cuanto a la coartada que encierra las ‘exclusiones de la justicia penal militar’, la ONU y HRW advirtieron que de acuerdo con el derecho internacional, y según fue confirmado recientemente por la sala de casación penal de la Corte Suprema las ejecuciones extrajudiciales, la violencia sexual y otros abusos militares únicamente podrían ser juzgados como delitos de lesa humanidad ‘si forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, efectuado con conocimiento del ataque y de acuerdo con la política de un Estado u organización’. En palabras del Fiscal General Eduardo Montealegre, ‘el crimen de lesa humanidad no es toda grave violación de derechos humanos. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional dice que tienen que ser ataques sistemáticos o generalizados contra la población civil’. Por lo tanto en la enmienda aprobada, para poder emprender acciones en los tribunales de la justicia ordinaria, los fiscales deben demostrar en cada caso que la víctima de genocidio, lesa humanidad, desaparición forzada, tortura, violencia sexual, ejecuciones extrajudiciales y desplazamiento forzado, fue agredida en el marco de un ataque generalizado o sistemático perpetrado por militares contra la población civil con conocimiento de dicho ataque y de conformidad con una política oficial, lo cual es imposible, porque es de lo que se van a cuidar los criminales” [19].

Demostrar eso caso por caso va a resultar imposible, y no por falta de evidencias, no porque estos crímenes en Colombia no sean parte de un “ataque generalizado o sistemático contra la población civil, efectuado con conocimiento del ataque y de acuerdo con la política de un Estado”, sino justamente, porque al ser parte de una planificación estatal, todas las instancias estatales se van encargar de imposibilitar tal demostración ¿O si no qué explica que en un país en el que se han documentado más de 3000 casos de asesinatos de civiles a manos de militares -según el mismo modus operandi, impulsados por una directriz ministerial (029) y con la misma finalidad-, todavía el ejército y los medios de desinformación hablen de las “manzanas podridas” al referirse a los militares que han perpetrado estos crímenes en masa? No hay tal “manzanas podridas”, hay una planificación estatal, y los ejecutantes de la tortura, violación sexual, genocidio, desplazamiento forzado, son parte de un ejército que perpetra estos crímenes de Lesa Humanidad amparado en la impunidad que le garantiza esa planificación estatal.

El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado expresa: “En los últimos 50 años de violencia estructural, el movimiento de victimas, social y de derechos humanos ha documentado más de 100.000 ejecuciones extrajudiciales, 10.000 torturas y cerca de 6 millones de personas desplazadas. De acuerdo a las cifras de la Fiscalía existen 62.000 desaparecidos.  La responsabilidad de estos crímenes es adjudicada en un alto porcentaje a miembros de la fuerza pública y/o a la política de guerra sucia adelantada por el establecimiento. Cualquier iniciativa que pretenda la paz estable y duradera,  debe contar con la participación plena de las víctimas de crímenes de Estado(…) Es indispensable  que se incluya en los diálogos de paz el tema de la libertad para los y las presos(as) políticas (…)exigimos que cesen los  montajes judiciales y la injusta judicialización de la protesta social”[20].

NOTAS:

* Este texto es a la vez un texto autónomo y la VI Parte del dossier Colombia y sus miles de presos políticos silenciados que abarca el contexto de intereses económicos y la represión política correlativa, los montajes judiciales, las condiciones de tortura a las que son sometidos los presos políticos, la invisibilización del drama y lo que su existencia pone de manifiesto.

Para consultar las demás partes del Dossier, y para ver las notas completas, en caso de no tenerlas aparentes en esta publicación: www.azalearobles.blogspot.com